El Tribunal Nacional español condena a una importante red ilegal de IPTV
La red daba servicio a más de dos millones de usuarios en todo el mundo, operaba a través de cerca de mil páginas web y ofrecía acceso a más de 40.000 canales audiovisuales
La colaboración entre la Policía Nacional, la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) y las principales titulares de derechos locales en España, ha culminado en un nuevo hito en la lucha contra la piratería audiovisual y de eventos en directo con la condena de los responsables de una de las mayores redes de IPTV ilegales en Europa.
La causa judicial tiene su origen en la investigación y desarticulación de esta organización en 2020. Ahora, el acuerdo de conformidad alcanzado ante la Audiencia Nacional, cierran un caso histórico contra una trama que ofrecía acceso ilícito a, películas, series y miles de canales de televisión de pago, así como a partidos de fútbol en directo a nivel global.
“La colaboración entre la Policía Nacional española y el sector privado es fundamental para la estrategia de ACE de detectar, disuadir y desmantelar las redes de piratería digital”, declaró Larissa Knapp, vicepresidenta ejecutiva y directora de protección de contenidos de la Motion Picture Association (MPA). “Este caso demuestra que, cuando trabajamos juntos, se pueden desarticular importantes operaciones ilegales y exigir responsabilidades a los culpables”.
A su vez, José Luis Gómez Pidal, Inspector jefe de la Policía Nacional (UDEV) ha dicho que, «estamos ante una sentencia histórica contra una de las mayores organizaciones criminales internacionales dedicadas a la piratería audiovisual. La investigación ha sido pionera al exponer las entrañas de estas estructuras y al introducir nuevos métodos tecnológicos en el sistema judicial español. Paralelamente, el caso ha revelado cómo la piratería digital se entrelaza con complejas redes de blanqueo de capitales en diversos países, utilizando múltiples canales para dar soporte y desviar los ingentes beneficios generados”.
Ha añadido además que “las multas millonarias por blanqueo y las responsabilidades civiles impuestas reflejan la magnitud de las ganancias ilícitas. En este éxito, la colaboración público-privada entre la Policía Nacional, ACE y el resto de los denunciantes ha sido el factor determinante.»
La red daba servicio a más de dos millones de usuarios en todo el mundo, operaba a través de cerca de mil páginas web y ofrecía acceso a más de 40.000 canales y contenidos audiovisuales. La organización, articulada en torno a plataformas como RapidIPTV y otros servicios asociados, habría obtenido al menos 15 millones de euros mediante la comercialización de estos accesos en países de tres continentes.
El principal responsable y autor intelectual llevaba una vida de lujo en Barcelona, desde donde dirigía la organización. El cabecilla ha aceptado una condena de 23 meses de prisión, una multa de 8,7 millones de euros y la confiscación de todo el material incautado. Además, se le ha prohibido trabajar en el sector audiovisual durante tres años. Asimismo, el tribunal ha ordenado el pago de 12 millones de euros en concepto de indemnización a los titulares de derechos afectados.
Los cinco acusados han aceptado los cargos a cambio de una rebaja de penas, los demás implicados han reconocido varios delitos contra la propiedad intelectual, el mercado y los consumidores y, en varios casos, blanqueo de capitales.
Éxito de cooperación público-privada frente a la piratería
Esta resolución ha sido posible gracias a la colaboración entre las autoridades policiales, la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), y otros titulares de derechos en la industria audiovisual, entre ellos MediaPro, Sky, EGEDA, LaLiga, NAGRA (representando a la Bundersliga) y Telefónica.
La operación de 2020 fue liderada por el equipo de propiedad intelectual e industrial (UDEV) y la unidad antipiratería de la Policía Nacional, con el apoyo de Europol y Eurojust en la coordinación internacional, y contó con el apoyo de actores de la industria audiovisual y deportiva.
ACE ha trabajado activamente dentro de esta coalición temporal que lideró la respuesta contra una red que explotaba ilegalmente transmisiones deportivas y otros contenidos audiovisuales, como películas y series. El resultado judicial, ahora conocido, subraya la importancia de combinar la capacidad de investigación, la cooperación internacional y la acción coordinada.
Un mensaje contundente contra la piratería audiovisual
Esta sentencia lanza un mensaje claro a los ciberdelincuentes de la piratería digital; los delitos contra la propiedad intelectual, especialmente cuando se desarrollan a gran escala y con estructuras internacionales, conllevan consecuencias penales y patrimoniales de máxima gravedad.
Según los datos del último Observatorio de la Piratería de La Coalición de Creadores e Industria, solo en España la industria audiovisual tuvo que hacer frente a la descarga ilegal de 1.045 millones de películas, por un valor de 8.723 millones de euros, y de 1.513 millones de series, cuyo valor supone 2.086 millones de euros. Esta actuación de los usuarios piratas ha ocasionado al sector un lucro cesante de nada menos que 721 millones de euros. Además, en nuestro país prácticamente 4 de cada 10 usuarios accedieron a contenidos ilegales y casi la mitad del material pirateado eran estrenos.
