Derechos y deberes en la financiación del cine español
Comunicado UTECA: Sobre la financiación del cine
Al comienzo de esta semana, el Tribunal Constitucional hizo pública su Sentencia en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo respecto de la obligación legal de las televisiones privadas de destinar un 5% de sus ingresos a la financiación del cine español y europeo. Dicha sentencia resuelve, después de más de siete años, que las obligaciones impuestas a las televisiones privadas son acordes con la Constitución y una simple manifestación del poder regulatorio del Estado, que puede fijar esta clase de exigencias de financiación de unas empresas a favor de otras.
Es importante señalar que la sentencia del TC no resuelve la impugnación presentada por UTECA en 2004 contra el Real Decreto 1652/2004 de 9 de julio, y tan sólo da respuesta a la cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Supremo planteó en 2009.
La actual normativa sobre financiación del cine por parte de la televisión que se está respaldando desde el Constitucional, data de 1999 en un contexto radicalmente diferente al actual. Desde entonces, las televisiones privadas han invertido en la financiación del cine español más de 2.000 millones de euros y han impulsado los mayores éxitos de crítica y público de los últimos años
Durante años, las millonarias inversiones públicas de apoyo para el despegue y desarrollo de una casi inexistente industria cinematográfica “independiente”, como la ley da en llamar a los productores sin relación accionarial con los operadores de televisión, se han mostrado estériles. Esta circunstancia pone en evidencia la revisión urgente y necesaria del marco legal que venimos reclamando. Una actualización que permita asumir a las televisiones la totalidad de las atribuciones de un productor, igualándolas a todos los efectos con los considerados “independientes”.
UTECA acata la sentencia del Constitucional, pero comparte el planteamiento del Supremo respecto a la posible inconstitucionalidad de que la libertad de empresa pueda hacerse depender de actos discrecionales del Ejecutivo, y en nombre de ese derecho constitucional, nos preocupa el precedente de que se legitime que un sector privado financie a otro sector privado.
