Las asociaciones feministas del audiovisual denunciaron la violencia sexual en el marco del Festival de San Sebastián
En este contexto se presentó el Manual de buenas prácticas de AAMMA para la prevención del acoso y las violencias sexuales en la industria
El día 23 de septiembre, en la Sala de Prensa del Kursaal, se ha celebrado la acción “Nuestras voces. Acción colectiva contra las violencias sexuales”, uno de los momentos más significativos de la programación. Un acto impulsado por el GTI en colaboración con el Festival de San Sebastián y EAB, con el apoyo del ICAA, la Dirección General de Derechos Culturales y Emakunde, en el que profesionales del audiovisual han mostrado su compromiso público y exigido medidas inmediatas contra las violencias sexuales en el sector.
Rakel Ezpeleta (Hemen / EAB) presentó el protocolo de actuación profesional para prevenir y abordar las violencias sexuales en el audiovisual y situó las cifras que justifican la urgencia de su aplicación. Según los datos que Ezpeleta puso sobre la mesa, el 50% de las profesionales no se sienten seguras en su entorno laboral; el 43% ha sufrido al menos un caso de violencia; el 60% ha presenciado situaciones de violencia; y el 65,3% ha recibido el relato de una víctima. Entre las formas de violencia destacan la psicológica, la sexual, la física y la económica por razón de género, y en el 33% de los casos se identificaron agresiones físicas y sexuales. Ezpeleta subrayó además la relación con las jerarquías de poder: en la mayoría de los episodios el agresor ocupaba una posición de mayor o igual poder, el 41% correspondía a agresores de nivel profesional similar y menos del 10% a personas de rango inferior, lo que evidencia la necesidad de protocolos operativos que detecten y frenen estas dinámicas. “A los abusadores hay que plantarles cara; rompamos el silencio y la impunidad entre todas”, concluyó.
Blanca Rey, por su parte, presentó el Manual de buenas prácticas de AAMMA para la prevención del acoso y las violencias sexuales y enfatizó cuatro cifras especialmente impactantes: el 80% de las profesionales ha vivido o presenciado en primera persona situaciones de acoso o violencia sexual; de ese 80%, apenas el 15% presentó algún tipo de denuncia; y en el 0% de los casos registrados hubo consecuencias para la persona agresora. Rey denunció el circuito de silencio e impunidad que estas cifras evidencian y reclamó medidas vinculantes y sancionadoras, no solo protocolos simbólicos, para que la prevención se traduzca en protección real y responsabilidad efectiva de quienes abusan.
Almudena Carracedo (CIMA) presentó los resultados del primer estudio estatal sobre violencia sexual en la industria audiovisual, un informe riguroso que, tal y como expuso, pone cifras que obligan a actuar: una impunidad del 92% y datos que muestran que, aunque el 94% de las víctimas contó lo sucedido a alguien, esa confidencia no se traduce en protección ni en sanción. Carracedo subrayó que estos hallazgos obligan a cambios estructurales y sistémicos: “Los datos son alarmantes y evidencian que las violencias están profundamente integradas en las dinámicas del sector”.
El encuentro incorporó además datos concretos citados durante el debate: el 50% de las profesionales no se sienten seguras en su entorno laboral; el 43% ha sufrido algún caso de violencia; el 60% ha presenciado situaciones violentas; y el 65,3% ha recibido el relato de una compañera sobre una experiencia de violencia. Respecto a la dinámica del abuso, se constató que en la mayoría de los casos el agresor ocupaba una posición de poder igual o superior: el 41% tenía un nivel profesional similar y menos del 10% correspondía a personas con menor rango. Entre las formas de violencia denunciadas predominan la psicológica, la sexual, la física y la económica por razón de género; en un 33% se identificaron agresiones físicas y sexuales.
Desde el GTI se hizo un diagnóstico claro: la cultura de la tolerancia al agresor y el castigo a la víctima persisten, “la única cultura de la cancelación vigente es la que expulsa a las mujeres”, y por eso hay que plantar cara a la impunidad con medidas concretas y vinculantes. Entre las demandas lanzadas hoy se reclaman protocolos reales y aplicables, formación obligatoria en igualdad, figuras de coordinación de intimidad en rodajes y festivales, puntos violetas en eventos, canales de denuncia seguros y campañas públicas que cambien las prácticas organizativas.
Alba González de Molina, directora gerente de CIMA, dio paso a la lectura colectiva de testimonios: más de veinte profesionales, directoras, productoras, actrices y técnicas, compartieron en voz alta relatos de violencia y abuso. Los testimonios, convertidos en voz colectiva, marcaron la urgencia de abordar no sólo la prevención sino también la reparación. Nerea Barjola y Bárbara Tardón, autoras del primer informe estatal sobre violencia sexual en la industria, resumieron algunas claves: el testimonio es un acto político transformador que permite nombrar la violencia y construir un relato colectivo; la representación y las narrativas deben ser intervenidas para reescribir las dinámicas de poder; y la transformación sólo será posible con acciones colectivas y políticas públicas valientes.
En la lectura han participado, entre otras: Alana S. Portero, Anna Castillo, Anna R. Costa, Aranzazu Calleja, Ascen Marchena, Bárbara Tardón, Beatriz Mbula, Carolina Yuste, Cecilia Ibáñez, Chelo Loureiro, Daysi Cruz, Esther García, Eva Libertad, Gemma Blasco, Giovanna Ribes, Lara Izaguirre, Laura Hojman, Maite Arroitajauregi, María Guerra, Nati Juncal, Nerea Barjola, Nerea Barros, Nuria Vidal, Kristina Zorita, Patricia López Arnaiz, Piluca Querol, Rakel Ezpeleta, Sara Fantova, Sara Sálamo, Susana Abaitua, Xènia Puiggros e Icíar Bollaín.
El cierre fue la lectura de un manifiesto conjunto leído por Yolanda Olmos, directora de Dones VIsuals, en el que se exigieron medidas urgentes y vinculantes: protocolos obligatorios, formación obligatoria en igualdad, contratación de figuras de coordinación de intimidad, implementación de “puntos violetas” en rodajes y festivales, y campañas institucionales que permitan una transformación cultural real. El acto cerró con un llamado rotundo a romper el silencio, combatir la impunidad y hacer de la prevención y la reparación una prioridad inaplazable para toda la industria.
Diagnósticos feministas sobre la industria audiovisual actual
El día lunes 22 de septiembre, la Sala Z de Tabakalera celebró la jornada “Diagnósticos feministas sobre la industria audiovisual actual”, que reunió a profesionales y colectivos para debatir retos y propuestas para transformar el sector. En la mesa Las trampas de la diversidad – con la participación de ODA (Observatorio de Diversidad en los Medios Audiovisuales) – se denunció que el llamado “cine de mujeres” se ha convertido en una etiqueta limitante que encasilla a las creadoras en propuestas intimistas, de bajo presupuesto y muy personales; se reivindicó su valor, pero se advirtió del problema cuando a un colectivo solo se le permite ser una única cosa. En el debate sobre ‘La furia’ (2025) se subrayó la importancia institucional de estas conversaciones y se anunció que el Observatorio pasará a formar parte del comité de evaluación de RTVE, dentro de un marco legal vinculado al último acuerdo contra la violencia de género. Otras sesiones como Contenido incómodo: ¿quién teme a la diversidad? o Asociaciones: lo colectivo como resistencia destacaron el potencial del contenido como herramienta de resistencia y la acción colectiva como motor de cambio, recordando que la paridad en las escuelas de cine no se traduce luego en igualdad en la distribución profesional. La jornada concluyó con una mesa de trabajo cerrada entre las asociaciones y el Observatorio de Igualdad de RTVE para avanzar propuestas concretas, y con el recordatorio del GTI: las asociaciones están organizadas y son industria, pero hacen falta más compromiso político, financiación y un enfoque interseccional para llevar a cabo los proyectos pendientes.
Con estas actividades, el GTI ha marcado un hito en el Festival de San Sebastián al visibilizar desigualdades y aportar diagnósticos y herramientas prácticas para construir un sector más equitativo, libre de violencias y abierto a la diversidad.
